Diario de Noticias 30 de Junio

UN TOTAL DE 18 AYUNTAMIENTOS Y CONCEJOS

Pueblos de El Perdón recurren un permiso de investigación concedido a la empresa Geoalcali

Los sondeos que pretende realizar tienen por objeto la reapertura de la Mina de Potasa que se cerró en 1997

Un total de 18 ayuntamientos y concejos de la zona de El Perdón han presentado un recurso contencioso-administrativo contra el permiso de investigación ‘Ampliación Adiós’ concedido por el Servicio de Minas del Gobierno de Navarra a la empresa Geoalcali, propiedad de la australiana Higfields Ressurces.

PAMPLONA. Los ayuntamientos que han recurrido son Cendea de Galar, Cendea de Cizur, Etxauri, Zabalza, Gares-Puente la Reina, Muruzabal, Obanos, Adiós y Biurrun Olcoz. Los concejos recurrentes son Salinas, Arlegui, Esparza de Galar, Galar, Undiano, Zariquiegui, Astrain, Muru-Astrain y Larraya.

Según han explicado estas entidades locales en un comunicado, este nuevo permiso es complementario de los permisos Quiñones y Adiós otorgados por el Gobierno de Navarra en 2012 y que también están recurridos por los ayuntamientos y concejos de El Perdón.

Los sondeos que Geoalcali pretende realizar en el Perdon tienen por objeto la reapertura de la Mina de Potasa que se cerró en 1997. Las entidades locales se muestran “totalmente en contra” de la reapertura de esta mina de potasa, ya que no quieren “volver a pasar por los riesgos e inconvenientes que sufrieron con la antigua mina: hundimientos de terrenos, movimientos de las casas, grietas en los edificios, salinización de campos, salinización de acuíferos, muerte de regatas y del Rio Elorz, vertederos incontrolados que aún hoy día perduran, etc.”.

Los ayuntamientos también han solicitado la anulación de los permisos en un escrito remitido al Gobierno de Navarra en el que denunciaban que “no han sido aprobados los planes de restauración y por tanto se ha incumplido la ley al otorgar los permisos, ya que la legislación dice que no se podrá otorgar permisos de investigación si previamente no se han aprobado los planes de restauración”.

Las entidades locales esperan que el Gobierno de Navarra “desista de una vez por todas de apoyar a la empresa Geoalcali en la zona de El Perdón, que reconozca los errores de tramitación cometidos, anule los permisos y defienda por fin la seguridad y el bienestar de las gentes del Perdón”.

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Nota de Prensa de los Pueblos del Perdon

LOS PUEBLOS DEL PERDON RECURREN CONTRA UN NUEVO PERMISO DE INVESTIGACIÓN A GEOALCALI.

18 Ayuntamientos y Concejos han presentado un Resurso Contencioso-Administrativo contra el Permiso de Investigación “Ampliación Adiós” concedido por el Servicio de Minas del Gobierno de Navarra a la empresa Geoalcali, propiedad de la australiana Higfields Ressurces.

Los Ayuntamientos que han recurrido son : Cendea de Galar, Cendea de Cizur, Etxauri, Zabalza, Gares-Puente la Reina, Muruzabal, Obanos, Adiós y Biurrun Olcoz. Y los Concejos: Salinas, Arlegui, Esparza de Galar, Galar, Undiano, Zariquiegui, Astrain, Muru-Astrain y Larraya.

Este nuevo Permiso es complementario de los Permisos Quiñones y Adiós otorgados por el Gobierno de Navarra en 2012 y que también están recurridos por los ayuntamientos y Concejos del Perdón.

Los sondeos que Geoalcali pretende realizar en el Perdon tienen por objeto la reapertura de la Mina de Potasa que se cerró en 1997. Los Ayuntamientos, Concejos y vecinos del Perdón están totalmente en contra de la reapertura de esta mina de potasa, ya que no quieren volver a pasar por los riesgos e inconvenientes que sufrieron con la antigua mina: hundimientos de terrenos, movimientos de las casas, grietas en los edificios, salinización de campos, salinización de acuíferos, muerte de sus regatas y del Rio Elorz, vertederos incontrolados que aún hoy día perduran, etc.

Este nuevo recurso es la última acción de los Pueblos contra las pretensiones de Geoalcali.

Hace una semana una Comisión de Ayuntamientos y Concejos estuvo en el Parlamento de Navarra, en la Comisión de Industria explicando a los parlamentarios la postura de oposición de los Pueblos y gentes del Perdón-Erreniega,  así como las múltiples irregularidades de tramitación de los Permisos otorgados a Geoalcali, irregularidades que favorecen a la Empresa  y están causando indefensión a las gentes del Perdón.

Los Pueblos también han solicitado la anulación de los Permisos en un escrito remitido al Gobierno de Navarra en el que denunciaban que no han sido aprobados los planes de restauración  y por tanto se ha incumplido la ley al otorgar los Permisos, ya que la legislación dice que no se podrá otorgar permisos de investigación si previamente no se han aprobado los planes de restauración.

Los Pueblos y gentes del Perdón, esperan que el Gobierno de Navarra desista de una vez por todas de apoyar a la empresa Geoalcali en la zona del Perdón, que reconozca los errores de tramitación cometidos, anule los permisos y defienda porfín la seguridad y el bienestar de las gentes del Perdón.

 

 

 

 

Europa Press

Pueblos de El Perdón critican al Gobierno por la nueva mina.

Enrique Miranda y Blanca Vázquez.

Se ven “indefensos” ante las pretensiones de Geoalcali y ven “irregularidades” en tramitaciones

 

Representantes municipales de pueblos y concejos de la zona de El Perdón han criticado que el Gobierno de Navarra está “codo con codo” con la empresa que pretende explotar una nueva mina de potasaGeoalcali, algo que “provoca indefensión” en los municipios ubicados en la zona.

   Así lo ha afirmado Enrique Miranda (Cendea de Cizur), quien ha comparecido en el Parlamento de Navarra junto a Blanca Vázquez(Undiano), Antonio Cano (Salinas), y Fidel Aracama (Puente La Reina), para explicar su opinión e inquietudes sobre la apertura de una nueva mina, a petición deBildu, Aralar-NaBai, I-E y Geroa Bai.

   En su exposición, Miranda ha indicado que se están produciendo “irregularidades en la tramitación” de permisos a la empresa, por lo que ha propuesto que los grupos parlamentarios soliciten un informe a la Cámara de Comptos sobre estas actuaciones.

   Miranda, que ha defendido que el Parlamento de Navarra “no puede mantener los ojos cerrados ante esta situación“, ha señalado que a los pueblos de la zona les da “la impresión” de que “desde el Gobierno foral se está procurando que Geoalcali tenga el máximo de facilidades”.

   Por otra parte, ha afirmado que la empresa “tiene concedidos en la zona del Perdón tres permisos” y ha destacado que a ese lugar “no puede ir ninguna otra empresa a hacer prospecciones sobre la potasa”. Además, “si demuestra que es viable, Geoalcali tiene derecho preferente a la concesión de esa explotación minera”.

   “Esta es la clave de los permisos de investigación. El hecho de que tenga el monopolio supone que puede hacer lo que quiera con él, lo puede vender”, ha advertido Miranda, que ha insistido en que “no es nimio ni inocuo el hecho de tener esos permisos de investigación”.

   A este respecto, ha argumentado que “Geoalcali podría vender los derechos a otra empresa para hacer la investigación, y el día de mañana los derechos de la explotación”. “Estamos ante una actuación financiera de enorme importancia. La empresa propietaria de Geoalcali está cotizando en la bolsa australiana y ha duplicado el valor de su capital”, ha remarcado.

POR EL “DESARROLLO SOSTENIBLE”

   Por su parte, Blanca Vázquez ha mostrado su “oposición” a la apertura de una nueva mina en El Perdón porque “atenta contra la seguridad, la calidad de vida de sus gentes, y el desarrollo sostenible de sus pueblos”.

   Vázquez se ha referido a la explotación de la antigua mina de potasa en la zona y ha criticado que “durante 35 años los pueblos hemos sufrido las molestias y riesgos de la explotación de la mina”.

  Así, ha añadido que “la apertura de galerías subterráneas provocó temblores, que se agrietaran nuestras viviendas, que se hundieran nuestros campos, que se salinizasen nuestras regatas y el río Elorz”. “Fue un continuo vivir con desasosiego, una inseguridad diaria, un continuo sinvivir”, ha añadido.

   “Toda esta parte de nuestro territorio es un auténtico queso gruyere”, ha advertido Vázquez, que ha remarcado que “aún se siguen hundiendo las tierras de nuestros campos y continúa la sismicidad”.

   A este respecto, ha agregado que la Sierra del Perdón “está en una zona sísmica de grado 5 y las galerías abiertas agravan esta actividad sísmica”. “Ni empresa ni Gobierno garantizan que la explotación minera no incrementarían el riesgo sísmico en la zona”, ha asegurado.

LA OPOSICIÓN COMPRENDE LA PREOCUPACIÓN

   En el turno de intervención de los grupos, el parlamentario de Bildu Koldo Amezketa ha dicho que comprende la “preocupación” de estos pueblos y ha censurado que “no hay ningún seguimiento de cómo está el subsuelo” de la zona, cuando “geólogos y especialistas están culpando a ese queso gruyere de los movimientos sísmicos que se están produciendo”.

   Por su parte, el representante de Aralar-NaBai Juan Carlos Longás ha señalado que “llueve sobre mojado en estos asuntos” y ha criticado “la alegría con la que la administración se salta trámites”, algo que ha considerado “lamentable”.

   En representación de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin ha dicho que comprende “perfectamente” su “preocupación” en cuanto a lo que conlleva la explotación de la mina y también ha sido crítico con la “actuación” del Gobierno foral, que “parece situarse más en connivencia con la empresa, que con lo que tiene que hacer, que es cumplir con la legalidad”.

   En esta misma línea, el representante de Geroa Bai Manu Ayerdi ha incidido en que “si algo debe producirse en la actuación del Gobierno es un escrupuloso cumplimiento de la legalidad medioambiental”, por lo que su grupo va a “poner el foco en esa cuestión”.

   La representante de UPN Mariví Castillo se ha limitado a agradecer la exposición de los representantes municipales y a decirles que su grupo estudiará las peticiones que han realizado.

   Por su parte, la parlamentaria del PSN María del Carmen Ochoa ha defendido que “el mayor capital que tiene un país son sus habitantes”, por lo que ha abogado por “velar por la seguridad” de los pueblos de la zona del Perdón.

   Finalmente, la ‘popular’ Ana Beltrán ha opinado que “es un tema complejo” y ha apostado por “cumplir la legalidad vigente e intentar una situación ventajosa para ambas partes”.

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Naiz: 19 de Junio

Pueblos de Erreniega alertan de los riesgos que conlleva la mina

Representantes municipales de los Ayuntamientos y concejos afectados por las prospecciones mineras en la sierra de Erreniega han asegurado en el Parlamento de Nafarroa que están haciendo «todo lo posible» para que el proyecto no salga adelante por los riesgos que conlleva.

En una sesión solicitada por Bildu, Aralar-NaBai, I-E y el parlamentario no adscrito de Geroa Bai, han pedido al Parlamento de Nafarroa que no se mantenga al margen y han planteado la posibilidad de solicitar un informe a la Cámara de Comptos sobre este expediente y de aprobar una legislación minera específica.

«Queremos mantener nuestros valores naturales, ambientales y sociales y no volver a vivir situaciones anteriores (en alusión a la antigua mina de Potasas), ni que se agraven los riesgos y problemas que sufrimos», ha sostenido Blanca Vázquez, de Undiano.

Vázquez, quien ha afirmado que reabrir la antigua mina o abrir una nueva «atenta contra la seguridad, tranquilidad, calidad de vida y desarrollo sostenible», ha recordado que la apertura de galerías subterráneas provocó explosiones, ruidos, sobresaltos, grietas, hundimiento de campos, deslizamiento de tierras, salinización de regatas y del río, un «continuo sinvivir», ha aseverado.

Además ha denunciado la existencia de «múltiples vertederos y pozos, enormes vertederos de minerales salinos» y unas lagunas, las de Beriain y Zolina, que «son unos focos de contaminación inadmisibles». Ha calificado de «simple maquillaje» los planes de rehabilitación que se han realizado.

Sismicidad

A todo a ello ha añadido los graves episodios de sismicidad que vivieron en 2013, con una media de cinco episodios por día, sin que nadie se atreva a garantizar que la explotación minera no incrementará el riesgo sísmico en la zona.

El único aspecto positivo de este proyecto sería la creación de puestos de trabajo, según Vázquez, quien ha precisado, no obstante, que ni siquiera la empresa se atreve a decir cuántos puestos se generarían.

Enrique Miranda ha explicado la importancia de los sondeos que se están realizando ya que «no es nimio, ni inocuo tener los derechos de investigación», puesto que cuando se da un permiso de investigación se concede el monopolio de la explotación.

«No son solo unos sondeos, es una actividad financiera de enorme importancia», ha comentado, tras lo que ha remarcado que Geoalcali, la empresa que tiene concedido el permiso, tiene derecho preferente a la explotación de la concesión minera y puede hacer con ese monopolio lo que quiera, incluso venderlo.

Ha criticado la gestión que ha realizado el Gobierno foral, al que ha acusado de no consultar a los pueblos, lo que les sitúa en una situación de «indefensión» y les obliga a acudir a los tribunales.

Según ha dicho, tienen la sensación de que se procura dar el máximo de facilidades a la empresa para que haga los sondeos cuanto antes y no se sigan los tramites, lo que puede llegar a rozar la «prevaricación al dar carta de resolución a un informe hecho desde Medio Ambiente que no es una resolución».

Ha resaltado la discrepancia existente entre los pueblos y Medio Ambiente respecto a la evaluación de impacto ambiental.

Valoraciones de los partidos

«De una afección grave y dolosa» ha hablado a continuación el parlamentario Koldo Amezketa (Bildu), quien ha afirmado que «no hay ningún seguimiento de cómo está el subsuelo» y ha denunciado el «oscurantismo» del Gobierno, crítica a la que se ha sumado Juan Carlos Longás (Aralar-NaBai), quien ha resaltado las «profundas afecciones ambientales» del proyecto.

José Miguel Nuin (I-E) ha considerado «justificada la preocupación» y ha opinado que es «muy alarmante» como está actuando el Gobierno, al igual que el parlamentario no adscrito de Geroa Bai, Manu Ayerdi que ha asegurado que le preocupa especialmente que «se diga que el Gobierno se ha saltado la ley».

Marivi Castillo (UPN) ha dicho que estudiarán la documentación, María Carmen Ochoa (PSN) ha incidido en la necesidad de velar por la seguridad y el medio ambiente y cumplir la legislación, cuestión compartida por Ana Beltrán (PPN), quien ha instado a buscar el equilibrio entre el desarrollo económico que puede conllevar la mina y las opiniones de los vecinos.

Enlace a la noticia: www.naiz.info

Diario de Navarra.es

Las localidades cercanas al Perdón, contra las prospecciones mineras

Representantes de varios concejos y ayuntamientos han expuesto en comisión sus inquietudes sobre la apertura de una nueva mina

Representantes municipales de los Ayuntamientos y concejos afectados por las prospecciones mineras en la sierra del Perdón/Erreniegahan asegurado este jueves en el Parlamento foral que están haciendo “todo lo posible” para que el proyecto no salga adelante por los riesgos que conlleva.

En una sesión solicitada por Bildu, Aralar-NaBai, I-E y el parlamentario no adscrito de Geroa Bai, han pedido al Parlamento que no se mantenga al margen y han planteado la posibilidad de solicitar un informe a la Cámara de Comptos sobre este expediente y de aprobar una legislación minera específica.

“Queremos mantener nuestros valores naturales, ambientales y sociales y no volver a vivir situaciones anteriores (en alusión a la antigua mina de Potasas), ni que se agraven los riesgos y problemas que sufrimos”, ha sostenido Blanca Vázquez, de Undiano.

Vázquez, quien ha afirmado que reabrir la antigua mina o abrir una nueva “atenta contra la seguridad, tranquilidad, calidad de vida y desarrollo sostenible”, ha recordado que la apertura de galerías subterráneas provocó explosiones, ruidos, sobresaltos, grietas, hundimiento de campos, deslizamiento de tierras, salinización de regatas y del río, un “continuo sin vivir”, ha aseverado.

Además ha denunciado la existencia de “múltiples vertederos y pozos, enormes vertederos de minerales salinos” y unas lagunas, las de Beriain y Zolina, que “son unos focos de contaminación inadmisibles”. Ha calificado de “simple maquillaje” los planes de rehabilitación que se han realizado.

A todo a ello ha añadido los graves episodios de sismicidad que vivieron en 2013, con una media de cinco episodios por día, sin que nadie se atreva a garantizar que la explotación minera no incrementará el riesgo sísmico en la zona.

El único aspecto positivo de este proyecto sería la creación de puestos de trabajo, según Vázquez, quien ha precisado, no obstante, que ni siquiera la empresa se atreve a decir cuantos puestos se generarían. Se habla de unos 200 empleos.

Enrique Miranda ha explicado la importancia de los sondeos que se están realizando ya que “no es nimio, ni inocuo tener los derechos de investigación”, puesto que cuando se da un permiso de investigación se concede el monopolio de la explotación.

“No son solo unos sondeos, es una actividad financiera de enorme importancia”, ha comentado, tras lo que ha remarcado que Geoalcali, la empresa que tiene concedido el permiso, tiene derecho preferente a la explotación de la concesión minera y puede hacer con ese monopolio lo que quiera, incluso venderlo.

Ha criticado la gestión que ha realizado el Gobierno, al que ha acusado de no consultar a los pueblos, lo que les sitúa en una situación de “indefensión” y les obliga a acudir a los tribunales.

Según ha dicho, tienen la sensación de que se procura dar el máximo de facilidades a la empresa para que haga los sondeos cuanto antes y no se sigan los tramites, lo que puede llegar a rozar la “prevaricación al dar carta de resolución a un informe hecho desde Medio Ambiente que no es una resolución”.

Ha resaltado la discrepancia existente entre los pueblos y Medio Ambiente respecto a la evaluación de impacto ambiental.

“De una afección grave y dolosa” ha hablado a continuación el parlamentario Koldo Amezketa (Bildu), quien ha afirmado que “no hay ningún seguimiento de cómo está el subsuelo” y ha denunciado el “oscurantismo” del Gobierno, crítica a la que se ha sumado Juan Carlos Longás (Aralar-NaBai), quien ha resaltado las “profundas afecciones ambientales” del proyecto.

José Miguel Nuin (I-E) ha considerado “justificada la preocupación” y ha opinado que es “muy alarmante” como está actuando el Gobierno, al igual que el parlamentario no adscrito de Geroa Bai, Manu Ayerdi que ha asegurado que le preocupa especialmente que “se diga que el Gobierno se ha saltado la ley”.

Marivi Castillo (UPN) ha dicho que estudiarán la documentación, María Carmen Ochoa (PSN) ha incidido en la necesidad de velar por la seguridad y el medio ambiente y cumplir la legislación, cuestión compartida por Ana Beltrán (PPN), quien ha instado a buscar el equilibrio entre el desarrollo económico que puede conllevar la mina y las opiniones de los vecinos.

 

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Diario de Noticias 20 de Junio

Acusan al Gobierno de estar “codo con codo” con Geoalcali

Los pueblos de El Perdón hablan de “indefensión” ante la mina de potasa Piden al Parlamento una norma protectora.

Aracama, Vázquez, Miranda y Cano.

PAMPLONA - El territorio de la sierra de El Perdón/Erreniega no es un desierto “libre de poblaciones”. En el territorio afectado por los permisos de investigación minera de Quiñones, Adiós y ampliación de Quiñones existen más de 30 localidades con una población total de unos 25.000 habitantes y la distancia media entre pueblos es de menos de dos kilómetros en la ladera norte y de 2,5 en la ladera sur. Por tanto, pretender “horadar una mina en esta zona garantizado la seguridad de los pueblos es imposible”. Representantes municipales de pueblos y concejos de la zona de El Perdón reclamaron ayer al Parlamento que establezca unas bandas de protección entorno a los núcleos de mayor población y prohiba la explotación subterránea de minas a través de una normativa foral específica de carácter medioambiental, sobre todo tras la experiencia con la antigua mina. “Si la protección fuera entre 500 y 1.000 metros alrededor de los diferentes pueblos sería imposible hacer ni un solo agujero más y pretender hacer nuevas galerías entre las ya existentes es una auténtica locura”, remarcó. En este sentido, recuerdan que los sondeos que lleva a cabo Geoalcali se producen a 100 y 300 metros del límite de los suelos urbanos de los pueblos de El Perdón.

Asimismo, los mismos cargos electos criticaron ayer que el Gobierno de Navarra está “codo con codo” con la empresa que pretende explotar una nueva mina de potasa, Geoalcali, algo que “provoca indefensión” en los municipios ubicados en la zona. Miranda, que defendió que el Parlamento de Navarra “no puede mantener los ojos cerrados ante esta situación”, señaló que a los pueblos de la zona les da “la impresión” de que “desde el Gobierno foral se está procurando que Geoalcali tenga el máximo de facilidades”. A este respecto, argumenta que “Geoalcali podría vender los derechos a otra empresa para hacer la investigación, y el día de mañana los derechos de la explotación. Estamos ante una actuación financiera de enorme importancia. La empresa propietaria de Geoalcali está cotizando en la bolsa australiana y ha duplicado el valor de su capital”.

Por su parte, Blanca Vázquez mostró su “oposición” a la apertura de una nueva mina en El Perdón porque “atenta contra la seguridad, la calidad de vida de sus gentes, y el desarrollo sostenible de sus pueblos”. Vázquez se refirió a la explotación de la antigua mina de potasa en la zona y criticó que “durante 35 años los pueblos hemos sufrido las molestias y riesgos de la explotación de la mina”. Así, añadió que “la apertura de galerías subterráneas provocó temblores, que se agrietaran nuestras viviendas, que se hundieran nuestros campos, que se salinizasen nuestras regatas y el río Elorz”. “Fue una inseguridad diaria, un continuo sinvivir”, añadió. “Toda esta parte de nuestro territorio es un auténtico queso gruyere”, advirtió Vázquez, que remarcó que “aún se siguen hundiendo las tierras de nuestros campos y continúa la sismicidad”. Agregó que la Sierra del Perdón “está en una zona sísmica de grado 5 y las galerías abiertas agravan esta actividad sísmica”. “Ni empresa ni Gobierno garantizan que la explotación minera no incrementarían el riesgo sísmico en la zona”, aseguró.

El parlamentario de Bildu Koldo Amezketa dijo que comprende la “preocupación” de estos pueblos y censuró que “no hay ningún seguimiento de cómo está el subsuelo” de la zona, cuando “geólogos y especialistas están culpando a ese queso gruyere de los movimientos sísmicos que se están produciendo”. Por su parte, el representante de Aralar-NaBai Juan Carlos Longás criticó “la alegría con la que la administración se salta trámites”, algo que considera “lamentable”. De I-E, José Miguel Nuin fue crítico con la “actuación” del Gobierno foral, que “parece situarse más en connivencia con la empresa, que con lo que tiene que hacer, que es cumplir con la legalidad”. En esta misma línea, el representante de Geroa Bai Manu Ayerdi incidió en que “si algo debe producirse en la actuación del Gobierno es un escrupuloso cumplimiento de la legalidad medioambiental”. Por su parte, la parlamentaria del PSN María del Carmen Ochoa abogó por “velar por la seguridad” de los pueblos de la zona del Perdón. Finalmente, la ‘popular’ Ana Beltrán opinó que “es un tema complejo” y apostó por “cumplir la legalidad vigente”.

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